Llaman al Congreso que armonice el marco jurídico local con el Federal antes del 30 de septiembre próximo, previo al proceso electoral de 2024
Alfredo Pacheco / Bitácora Sur
Tuxtla Gutiérrez.- Activistas pidieron al Congreso de Chiapas que la ‘Ley 3 de 3’ no sea solo un panfleto político y que armonice el marco jurídico local con el Federal para hacerla efectiva en la entidad.
Yndira Sandoval Sánchez, integrante de las Constituyentes MX feministas, una de las organizaciones promotoras de la ‘Ley 3 de 3’ contra la Violencia señaló que hay algunos actores que la han usado para promocionarse.
Asimismo, recordó qué, la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia se aprobó el pasado 29 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente, el 30 de mayo de este mismo año.
“¿Qué hacemos en Chiapas? Estamos exigiendo que el Congreso del Estado apertura un periodo extraordinario de sesiones, para que armonice el marco jurídico federal con el marco jurídico local, están a tiempo, porque si hay voluntad política y no solo una bandera electoral, porque hay panfletos anunciando la 3 de 3 contra la violencia como bandera electoral, no queremos ser el moñito rosa en la solapa, queremos ser la agenda política clara y dispuesta hacia adelante”, sostuvo.
Sandoval Sánchez agregó que el Congreso Local tiene que aprobar antes del 30 de septiembre próximo, un dictamen que armonice y obligue a que no haya ningún agresor en el poder en la boleta para ningún cargo municipal ni local en Chiapas y tampoco para la administración pública municipal, ni estatal, ni en el Poder Judicial, ni en ningún lado.
“Si tiene voluntad política estas reglas deberán estar publicadas antes del 30 de septiembre para que en enero que inicia el proceso electoral las chiapanecas tengan la certeza que no verán en las boletas ningún agresor, ningún deudor, a ningún acosador”, enfatizó.
En ese sentido, indicó qué, ‘Ley 3 de 3’ no solo se trata de que ya no pueden estar en los cargos de elección en las urnas los agresores, los deudores de pensiones alimenticias, acosadores, golpeadores, agresores políticos, sino tampoco en la función pública, ni en las terna para ser fiscales, rectores de universidades, jueces, magistrados, ministros. “Es decir, este es un mandato constitucional que suspende derechos políticos, muerte civil y política a quien, desde el poder, viole derechos humanos o ejerza delitos de tal magnitud”.
