-El diputado señaló se buscará establecer mecanismos más estrictos que obliguen a los municipios a destinar parte de su presupuesto al funcionamiento y mantenimiento de plantas tratadoras.
Alfredo Pacheco / Bitácora Sur
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, advirtió que es urgente mejorar la regulación en el manejo de aguas en Chiapas, debido al alto nivel de contaminación en ríos y cuerpos de agua provocado por el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento por parte de los municipios.
El legislador morenista señaló que son pocos los ayuntamientos que cumplen con la normatividad en materia de tratamiento de aguas, por lo que consideró indispensable fortalecer el marco legal a nivel estatal y federal. «Es evidente en el estado de Chiapas el grado de contaminación que tenemos por los desechos de los municipios a los afluentes naturales», expresó.
Indicó que actualmente se está trabajando en la revisión de la Ley Estatal de Agua y Saneamiento, en coordinación con el Instituto Estatal del Agua (INESA), mientras se espera la propuesta de reforma a la Ley Federal de Aguas. En ese sentido, adelantó que se buscará establecer mecanismos más estrictos que obliguen a los municipios a destinar parte de su presupuesto al funcionamiento y mantenimiento de plantas tratadoras.
“No se trata solo de aplicar multas, sino de que los ayuntamientos etiqueten recursos obligatorios para el tratamiento de aguas residuales. De lo contrario, las plantas quedan obsoletas, pues no hay recursos para mantenerlas operando”, explicó.
Guillén Guillén puso como ejemplo la grave situación que enfrentan los lagos de Montebello, en la región de Comitán, donde pese a la creación de comisiones y múltiples reuniones a lo largo de los años, no se ha logrado revertir el daño ambiental. “El burocratismo y la falta de decisiones efectivas han impedido avances reales”, lamentó.
Finalmente, el diputado reiteró que la única forma de hacer frente a esta problemática es con una ley estatal fortalecida, que otorgue facultades claras a las autoridades municipales y obligue a la planeación presupuestaria en torno al saneamiento del agua. “Debemos dejar muy claro qué porcentaje del gasto debe ir destinado al tratamiento de aguas, y no solo a la construcción de drenajes”, concluyó.
