-Advierten que el inmueble propuesto en el centro de Tuxtla Gutiérrez no cumpliría con condiciones de seguridad ni dictámenes de Protección Civil.
Alfredo Pacheco/Bitácora Sur
La delegada sindical de la representación estatal del ISSSTE en Chiapas, Juana Inés Tapia Torres, denunció presuntas irregularidades en el proceso de reubicación de la sede administrativa del instituto en la entidad.
Señaló que las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pretenden trasladar las oficinas a un inmueble ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez que, afirmó, no cuenta con los dictámenes de riesgo ni con condiciones adecuadas de seguridad.
En entrevista, explicó que el edificio presenta diversas carencias, entre ellas falta de ventilación, ausencia de estacionamiento, inexistencia de rampas para personas con discapacidad, así como la falta de salidas de emergencia y elevadores, lo que podría poner en riesgo tanto a trabajadores como a derechohabientes.
Tapia Torres indicó que la inconformidad del personal no es reciente, ya que desde hace años han solicitado el cambio de sede; sin embargo, subrayó que este debe concretarse en un espacio que garantice condiciones dignas. “Se trata de un edificio antiguo que no reúne los requisitos para el tipo de atención que se brinda”, sostuvo.
Detalló que en estas oficinas laboran alrededor de 280 trabajadores y diariamente atienden a cerca de mil 100 personas, entre pensionados, jubilados y derechohabientes en activo, lo que incrementa la preocupación por las condiciones del inmueble.
Agregó que gran parte de los usuarios son adultos mayores, muchos con alguna discapacidad, por lo que las escaleras pronunciadas del edificio representarían un riesgo significativo.
Asimismo, señaló a la subdelegada administrativa, Nayeli López Méndez, y a un jefe de almacén identificado como Emanuel como impulsores del traslado, bajo argumentos que calificó como imprecisos.
De acuerdo con la dirigente, al personal se le informó que el propietario del inmueble actual no renovaría el contrato y que desde oficinas centrales se solicitó reducir en 40 por ciento el gasto en renta; no obstante, cuestionó que criterios de austeridad prevalezcan sobre la seguridad.
También apuntó que el edificio al que se pretende mudar las oficinas pertenecería a los hermanos Salazar, actores políticos en la entidad, lo que —dijo— podría implicar intereses ajenos a las necesidades del instituto.
Añadió que, aunque autoridades respondieron a una queja presentada ante Atención Ciudadana de la Presidencia señalando que el inmueble cumple con las condiciones necesarias, dicha evaluación habría sido realizada por personal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, cuya función —precisó— no es emitir dictámenes estructurales.
Ante este escenario, advirtió que responsabilizan a las autoridades del instituto de cualquier incidente que pudiera ocurrir si se concreta el traslado.
Finalmente, hizo un llamado al director general del ISSSTE, Martí Batres, para que intervenga y ordene una revisión integral del inmueble, además de solicitar la participación de Protección Civil y de colegios de ingenieros y arquitectos para una evaluación técnica independiente.
