En el marco de la construcción de una nueva Ley de Aguas para Chiapas, la alianza Aguas Comunes llamó al Congreso del Estado y a las autoridades estatales a reconocer y fortalecer la gestión comunitaria del agua como un componente fundamental para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
La organización sostuvo que el proceso legislativo representa una oportunidad para construir una política hídrica más justa, incluyente y cercana a las realidades de las comunidades, especialmente en zonas rurales e indígenas donde los habitantes enfrentan problemas relacionados con el acceso, la disponibilidad, la calidad del agua y la protección de las fuentes de abastecimiento.
De acuerdo con el posicionamiento, comunidades, comités, patronatos y asambleas locales han asumido durante generaciones la administración, distribución y mantenimiento de los sistemas de agua potable sin fines de lucro, cubriendo vacíos que las instituciones públicas no han logrado atender de manera suficiente.
Aguas Comunes planteó que la nueva legislación debe reconocer esta labor sin que ello implique trasladar a las comunidades responsabilidades que corresponden al Estado. En ese sentido, propuso un modelo de corresponsabilidad en el que las comunidades mantengan su autonomía, los municipios fortalezcan su participación y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) coordine una política hídrica integral.
Entre las propuestas presentadas destacan el reconocimiento de la autogestión comunitaria y de sus sistemas normativos propios; el establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad entre autoridades y comunidades; la garantía de asistencia técnica y recursos para fortalecer capacidades locales; la creación o fortalecimiento de instancias municipales de colaboración pública-comunitaria; y la implementación de un registro gratuito y simplificado para los sistemas comunitarios de agua.
La alianza también convocó a organizaciones civiles, comités comunitarios, instituciones académicas y otros actores sociales a participar activamente en el proceso de discusión de la nueva Ley de Aguas, aportando experiencias y evidencia territorial que contribuyan a una legislación con enfoque de derechos humanos, justicia hídrica, interculturalidad y equidad.
Aguas Comunes está integrada por 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorios rurales e indígenas de México. Según sus datos, sus acciones han contribuido a mejorar el acceso a servicios de agua y saneamiento para más de 120 mil personas en 321 comunidades de siete estados del sureste del país.
