Alfredo Pacheco/Bitácora Sur
Dos trabajadoras del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias, denunciaron públicamente presuntos actos de hostigamiento laboral, acoso sexual, abuso de poder y violencia económica que atribuyen al secretario particular del presidente municipal, Limbano Domínguez Román.
En conferencia ante los medios de comunicación, aseguraron que las denuncias presentadas ante diversas instancias no solo fueron ignoradas por la administración municipal, sino que derivaron en represalias en su contra.
Las denunciantes afirmaron que el presidente municipal tenía conocimiento formal de los hechos desde mayo de este año, contrario a las declaraciones públicas que realizó el pasado 9 de julio, cuando aseguró desconocer las acusaciones contra su colaborador.
Explicaron que el 15 de mayo la Presidencia Municipal recibió una notificación oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), derivada de la comparecencia que realizaron como víctimas. Incluso, señalaron que el propio alcalde firmó la respuesta institucional dirigida al organismo, por lo que consideran falsa su afirmación de desconocer el caso.
Las trabajadoras relataron que antes de acudir a instancias estatales agotaron los mecanismos internos del Ayuntamiento y que buscaron reunirse con el presidente municipal para exponer las situaciones de violencia que enfrentaban, pero, aseguraron, fueron rechazadas y no recibieron atención.
“Desde el 28 de abril, físicamente fuimos a hablar con el presidente municipal y su administración para que tomaran asuntos sobre los problemas laborales que teníamos. Y él nos dio, nos dio la espalda, nos rechazó por completo, no nos quiso atender. Entonces él no puede decir que no tenía conocimiento, desconocía, cuando no solo era lo que era problema laboral, sino que ya había delitos de hostigamiento sexual y abuso sexual” dijeron.
Señalan que posteriormente presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de la Mujer y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por presuntos delitos de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, abuso sexual y abuso de poder.
Sin embargo, denunciaron que, en lugar de recibir respaldo institucional, enfrentaron filtraciones de información sobre las denuncias y posteriormente fueron señaladas por la autoridad municipal de haber abandonado sus puestos de trabajo, versión que rechazaron al sostener que nunca dejaron voluntariamente sus funciones.
Las denunciantes afirmaron que fueron despedidas de manera verbal, sin recibir documento alguno que formalizara su baja laboral. Además, aseguraron que la administración municipal retuvo el pago de sus salarios y condicionó la restitución de sus quincenas y su posible reincorporación al trabajo a que desistieran de las denuncias penales interpuestas.
“Eso fue lo que nos frustró más como víctimas, porque en vez de encontráramos el apoyo como víctimas para que nos apoyaran en este aspecto, el proceso que estamos pasando lo que nos encontramos o a lo que nos hemos enfrentado es el desestimiento a cambio de nuestras quincenas y nuestro regreso al trabajo” .
Para finalizar, hicieron un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al fiscal general del estado para que intervengan en el caso, garanticen una investigación imparcial y aseguren la protección de las víctimas.
