Alfredo Pacheco/Bitácora Sur
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez cuestionó la eficacia de las estrategias actuales para enfrentar la crisis de personas desaparecidas en Chiapas al considerar que las acciones se han concentrado principalmente en el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, mientras permanece pendiente una atención integral a las víctimas y el combate a las estructuras financieras de los grupos delictivos.
Lo anterior lo comentó en entrevista el padre Gilberto Hernández García, asesor de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla y director de Cáritas, quien señaló que la violencia y las desapariciones forzadas requieren una estrategia más amplia que vaya más allá del uso de la fuerza pública.
Explicó que, además del despliegue de elementos de seguridad, es indispensable desarticular a las organizaciones criminales mediante investigaciones que afecten sus fuentes de financiamiento, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de acompañamiento a las familias de las personas desaparecidas.
El sacerdote advirtió que muchas víctimas continúan enfrentando obstáculos para denunciar, ya que prevalece el temor a represalias y la desconfianza en que los procesos de investigación conduzcan a resultados efectivos.
«Lamentablemente es muy engorroso levantar una denuncia y muchas familias siguen experimentando miedo porque no se aseguran procesos limpios que realmente lleven a una solución», sostuvo.
En este contexto, informó que la Arquidiócesis mantiene su estrategia de instalación de «Buzones de Paz» para recibir información anónima que contribuya a la localización de personas desaparecidas. Hasta el momento se han colocado tres buzones en parroquias de Tuxtla Gutiérrez y la meta es cerrar el año con entre 10 y 12, aproximadamente la mitad de las 24 parroquias de la ciudad.
Precisó que durante esta semana será abierto por primera vez el buzón instalado en la parroquia del Sagrado Corazón. La revisión de estos espacios se realizará mensualmente en coordinación con colectivos de madres buscadoras, quienes complementan la información con reportes obtenidos a través de sus propias redes de contacto para planear jornadas de búsqueda en campo y actividades de difusión.
Hernández García también hizo un llamado para que las autoridades actúen con estricto apego a los protocolos y respeten la presunción de inocencia durante las detenciones, al señalar que la búsqueda de resultados inmediatos no puede justificar abusos o violaciones a los derechos humanos.
Advirtió que prácticas como la tortura para obtener confesiones o la exhibición pública de personas detenidas por delitos menores deterioran la confianza ciudadana y no contribuyen a disminuir la violencia.
«De esa manera no se desactiva la violencia. La autoridad debe concentrar sus esfuerzos en quienes realmente generan los delitos de alto impacto y no en acciones que terminan afectando la percepción de justicia de la sociedad», sostuvo.
Para finalizar, el director de Cáritas reiteró el llamado a la ciudadanía para solidarizarse con las colectivas de madres buscadoras, al considerar que su labor requiere del respaldo de toda la sociedad, además de fomentar una cultura de empatía y fortalecer las acciones preventivas desde el entorno familiar.
