Alfredo Pacheco
Tuxtla Gutiérrez. La presidenta de la Fundación Karla Velasco, Maricruz Velasco Nájera, hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar una reforma al marco legal que permita imponer sanciones más severas a adolescentes que cometan delitos graves, como agresiones sexuales, violaciones y homicidios, al considerar que las penas actuales resultan insuficientes para proteger a las víctimas y prevenir la reincidencia.
La activista comentó en entrevista que los casos en los que menores de edad participan en hechos de alto impacto deben abrir un debate legislativo sobre la necesidad de revisar el sistema de justicia para adolescentes.
«Las legisladoras y los legisladores deberían analizar una iniciativa de ley que realmente dé un castigo ejemplar, porque aunque sean menores de edad estamos hablando de violaciones y asesinatos», expuso.
Las declaraciones surgieron tras el caso denunciado recientemente en la colonia Ribera Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, donde un padre de familia retuvo a un presunto agresor que ingresó a su vivienda e intentó abusar sexualmente de su sobrina de 16 años. De acuerdo con la familia afectada, el adolescente fue presentado ante las autoridades; sin embargo, posteriormente fue liberado al acreditarse que era menor de edad, situación que generó inconformidad entre las víctimas.
Sobre ese hecho, Velasco Nájera consideró que este tipo de conductas no deben minimizarse ni normalizarse.
«No debemos permitir que esto se normalice. Si alguien comete una agresión de este tipo y no recibe una sanción adecuada, existe el riesgo de que vuelva a hacerlo», sostuvo.
La representante de la Fundación Karla Velasco señaló que, desde su perspectiva, las sanciones previstas actualmente para adolescentes que incurren en delitos de alto impacto deberían revisarse cuando las conductas impliquen violencia extrema o afectaciones graves contra otras personas.
Asimismo, indicó que la organización analiza la posibilidad de acercarse al Congreso del Estado para plantear una propuesta legislativa que fortalezca las consecuencias jurídicas para quienes, aun siendo menores de edad, cometan delitos considerados graves.
«Estamos trabajando y analizando cómo abordar ese tema, porque no deberíamos permitir que esto se normalice. Debe existir una sanción que realmente deje un precedente», aseveró.
Velasco Nájera también expresó su preocupación por el uso de adolescentes por parte de grupos delictivos para participar en actividades ilícitas, situación que, dijo, podría estar relacionada con la percepción de que enfrentan consecuencias legales menos severas que los adultos.
«Lamentablemente eso ocurre y es parte de la violencia que vivimos. Por eso pedimos que las legisladoras y los legisladores analicen este tema y que, en conjunto, se pueda construir una iniciativa que contribuya a frenar este tipo de conductas», sostuvo.
La activista insistió en que cualquier modificación al marco legal debe tener como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, así como evitar que hechos de violencia se repitan.
En ese sentido, cabe precisar que en nuestro país, los menores de 18 años que cometen delitos son procesadas conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el cual privilegia medidas socioeducativas y contempla sanciones diferenciadas respecto del sistema penal para adultos. No obstante, organizaciones civiles y algunos sectores sociales han planteado abrir el debate sobre posibles ajustes para los casos en que adolescentes participen en delitos de alto impacto.
