Alfredo Pacheco
Avanza el interés superior de la niñez en Chiapas
Con la reciente aprobación en Chiapas de las reformas al Código Civil en materia del Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas se avanza en el interés superior de la niñez, esto representa mucho más que una modificación legal; pues se trata de un precedente que coloca, por encima de cualquier interés particular, el principio constitucional del bienestar de las infancias.
La decisión del Congreso del Estado, a propuesta del Poder Judicial, armoniza la legislación local con el marco jurídico federal y envía un mensaje contundente: incumplir con la manutención de los hijos ya no se considera una falta menor ni una obligación que dependa únicamente de la voluntad del deudor.
Esta reforma establece que quien deje de cumplir con el pago de alimentos durante 60 días continuos o discontinuos podrá ser inscrito, mediante resolución judicial, en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas y además, fortalece las facultades judiciales para localizar bienes, ordenar embargos precautorios y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes tienen derecho a recibirlos.
En México se ha construido, desde hace algunos años, un andamiaje jurídico para hacer efectivo el derecho de alimentos. En 2023, el Congreso de la Unión reformó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, precisamente con el propósito de fortalecer los mecanismos de cumplimiento de las pensiones alimenticias.
A ello se suma un criterio cada vez más sólido del Poder Judicial. En marzo de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la inscripción en el Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de quienes incumplen por más de 60 días es una medida constitucional, al considerar que protege de manera proporcional el derecho de alimentos y el interés superior de la infancia, sin vulnerar indebidamente otros derechos de la persona deudora.
En otras palabras, el máximo tribunal del país dejó claro que el bienestar de la niñez debe prevalecer cuando existe un conflicto entre derechos, y es que, durante años, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias fue tratado, en muchos casos, como un conflicto privado entre exparejas.
En ese contexto, celebro la reforma impulsada por el magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, pues esto adquiere una dimensión mayor. No sólo incorpora herramientas jurídicas para hacer efectiva la obligación alimentaria, sino que también establece que la Constancia de No Inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas será requisito para acceder a diversos cargos públicos y de elección popular, así como para distintos trámites administrativos.
En ese sentido, debemos recordar que en el pasado proceso electoral varias personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género se valieron de argucias legaloides para poder acceder a una candidatura.
Creo firmemente que aquellos que aspiran a representar a la sociedad o administrar recursos públicos deben demostrar, antes que todo, responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes con sus hijos; pues ¿cómo podemos confiarle recursos públicos a quien no cumple con quienes dependen de él?
Se sabe que toda reforma enfrenta el reto de pasar del papel a la realidad y que de poco serviría contar con registros, embargos precautorios o restricciones administrativas si las resoluciones judiciales tardan años en ejecutarse o si las instituciones carecen de mecanismos eficientes para hacer cumplir la ley, es aquí donde el Poder Judicial deberá estar a la altura de este desafío.
El verdadero reto será garantizar que el registro funcione, que los jueces cuenten con herramientas ágiles, que las autoridades colaboren entre sí y, sobre todo, que las niñas y los niños reciban oportunamente los recursos que por derecho les corresponden.
La importancia de esta reforma no radica en exhibir públicamente a los deudores alimentarios, sino en modificar los incentivos. Durante demasiado tiempo, incumplir una pensión alimenticia resultó, en muchos casos, más sencillo que asumir la responsabilidad de ser padre o madre. El Estado tiene la obligación de corregir esa distorsión.
Detrás de cada expediente de alimentos, no existe únicamente una deuda económica, existe un menor que necesita comida, vestido, atención médica, útiles escolares y oportunidades para poder formar un proyecto de vida.
Si esta reforma logra que más padres y madres cumplan con sus obligaciones, se reducirá la impunidad frente al abandono económico de la infancia y se fortalecerá la cultura de la corresponsabilidad parental, y se podrá confirmar que Chiapas dio un paso importante para lograr una justicia que no sólo sanciona, sino que protege, pues el interés superior de la niñez no debe quedarse como un texto en las leyes, sino convertirse en la realidad para miles de niños y niñas.
PERSPECTIVA
Desde este espacio quiero reconocer la labor de la diputada Alejandra Gómez Mendoza al frente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Chiapas, con quien pudimos reunirnos como integrantes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y del Foro de Periodistas Chiapanecos para plantearle la situación que vivimos quienes nos dedicamos al periodismo en Chiapas.
La legisladora morenista nos escuchó y tomó nota de las propuestas que se le presentaron. La actual Legislatura es muy diferente a la anterior, durante la presidencia de María de los Ángeles Trejo Huerta, en la que se le negó tanto el acceso a la prensa que un grupo de reporteros tuvimos que ampararnos para que se nos permitiera el ingreso a las sesiones.
¡Hasta la próxima!
