Alfredo Pacheco
Urge auditar a la feria San Roque
La Feria de San Roque es una de las celebraciones más antiguas y representativas de Tuxtla Gutiérrez y urge que se audite, porque esta no pertenece al gobierno municipal en turno; pertenece a la historia, a la fe y a la identidad de un emblemático barrio que durante décadas ha sostenido esta tradición y precisamente por ello, cualquier sombra sobre el manejo de sus recursos públicos merece ser despejada antes de que se convierta en una mancha permanente.
Lo que denunciaron vecinos del barrio San Roque esta semana no es un asunto menor. Acusan que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dejó de lado al patronato impulsado por la parroquia de San Roque —que, aseguran, cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria— para reconocer a otro comité que, según su versión, fue integrado con personas cercanas al presidente municipal Ángel Torres, entre ellas familiares. También hablan de presunto nepotismo, de un proceso irregular y de una imposición política.
Estas son acusaciones realizadas por los mismos vecinos del emblemático barrio del centro tuxtleco y no son menores, lo preocupante no es únicamente la disputa de quién organiza la feria, sino la falta de transparencia que rodea al manejo de los recursos, el cual se presume se usará para promover la imagen del edil que busca a toda costa la reelección en 2027.
Los propios vecinos señalaron que el Ayuntamiento ya entregó recursos públicos al patronato reconocido oficialmente, pero a pocos días del inicio de la feria no existe una cartelera pública de actividades socioculturales ni información clara sobre el destino de esos recursos. Tampoco se conoce cuánto ingresará por concepto de renta de espacios para comerciantes, juegos mecánicos y vendedores ambulantes, quién administrará esos ingresos ni bajo qué mecanismos serán fiscalizados.
En necesario precisar que cuando se administran recursos públicos, la transparencia no es una concesión, sino que es una obligación.
La experiencia reciente demuestra que las ferias municipales no están exentas de observaciones por parte de los órganos fiscalizadores.
Basta revisar el caso de Berriozábal, donde la Auditoría Superior del Estado detectó observaciones por más de cinco millones de pesos relacionados con gastos de la Feria de San Sebastián Mártir, debido a la falta de contratos, convocatorias y documentación que justificara el uso de los recursos públicos. En ese mismo municipio también se observaron pagos vinculados con eventos culturales y servicios generales sin documentación suficiente.
En ese sentido, se prenden las alertas de que en Tuxtla podría exista una irregularidad similar ya que precisamente existen los antecedentes de observaciones en otros municipios, y es por ello que se debe ponderar la prevención para no dejar espacio a las sospechas.
La Auditoría Superior del Estado no tendría que esperar a que aparezcan denuncias posteriores o cuentas públicas observadas dentro de uno o dos años. Un acompañamiento preventivo y una revisión puntual de los recursos destinados a la Feria de San Roque enviarían un mensaje claro de que el dinero público se administra con legalidad.
Asimismo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, es claro que su función no es intervenir en disputas religiosas o políticas; pero si lo es el garantizar que los recursos públicos se ejerzan con transparencia, que existan expedientes completos, contratos, comprobantes y mecanismos de rendición de cuentas.
La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto dinero aportó el Ayuntamiento, cuánto se recaudará por la renta de espacios, quién administrará esos ingresos y en qué serán utilizados. También merece conocer, una vez concluida la feria, un informe detallado de ingresos y egresos.
Pedir transparencia no debe verse como un acto de desconfianza a un patronato o al un gobierno municipal, sino al contrario, se debe ver como el mejor mecanismo para proteger a quienes manejan recursos públicos y para evitar que una celebración popular termine empañada por cuestionamientos administrativos.
El barrio San Roque merece que la atención esté puesta en su tradición, en su cultura y en su fe, no en dudas sobre el destino del dinero pues si el manejo de los recursos públicos permanece en la opacidad y la respuesta institucional es el silencio, empieza a percibirse como corrupción y entonces será inminente una auditoría.
PERSPECTIVA
El reciente nombramiento del Congreso del Estado a Eduardo Montes como magistrado del Poder Judicial de Chiapas representa la llegada de un perfil con experiencia jurídica y conocimiento del servicio público, desde este espacio lo felicito.
Se que a largo de su carrera “Lalo” Montes ha construido una reputación basada en el trabajo, la preparación y un trato cercano, cualidades que le han valido el reconocimiento de distintos sectores, ahora su reto es trasladar esa experiencia a la impartición de justicia, sin duda su designación muestra que el Poder Judicial confía en su la capacidad y el compromiso para fortalecer sus instituciones.
¡Hasta la próxima!
