Alfredo Pacheco / Bitácora Sur
Los docentes del nivel medio superior en Chiapas enfrentan una problemática laboral que se ha prolongado durante más de una década, debido a la suspensión de procesos de descarga y recategorización, además de recientes procedimientos que, según trabajadores, carecieron de transparencia.
Jenny González López, maestra frente a grupo desde hace 24 años en la Escuela Preparatoria Número 7 del Estado, comentó en entrevista que las condiciones laborales de los docentes de este nivel permanecen rezagadas y que las autoridades educativas y sindicales no han explicado de manera clara los criterios utilizados para asignar beneficios laborales.
Explicó que dentro del nivel medio superior existen procesos como la compactación, descarga y recategorización, mecanismos que permiten mejorar las condiciones laborales de los profesores.
Detalló que un docente puede llegar a contar con una carga de hasta 40 horas frente a grupo y posteriormente acceder de manera gradual a horas de descarga, hasta alcanzar 14 horas, con el propósito de destinar ese tiempo a actividades como preparar clases, calificar trabajos, tomar cursos e investigar.
Sin embargo, González López señaló que estos procesos permanecen suspendidos desde hace aproximadamente 11 años, por lo que maestros que desde entonces tienen 40 horas frente a grupo continúan con la misma carga laboral.
“Son maestros que están agotados”, sostuvo, al señalar que las horas destinadas a preparación y evaluación terminan realizándose fuera de la jornada laboral y, en muchos casos, desde los hogares de los docentes.
La profesora también cuestionó la suspensión de las recategorizaciones, las cuales comparó con los procesos escalafonarios que existen en otros niveles educativos y que permiten a los trabajadores avanzar de categoría para mejorar sus percepciones salariales.
De acuerdo con la docente, durante 11 años los profesores permanecieron en la categoría que tenían cuando estos procesos fueron suspendidos, situación que incluso llevó a algunos trabajadores a optar por la jubilación sin haber podido mejorar su categoría.
A esta situación, agregó, se suma la falta de prestaciones que consideran fundamentales, como el acceso a vivienda, cuyo costo deben asumir directamente los trabajadores con sus propios ingresos.
González López también cuestionó la forma en que recientemente se llevaron a cabo procesos de compactación y una nueva modalidad denominada “descarga por reconocimiento”, cuyos resultados fueron comunicados a los docentes durante el último día del ciclo escolar.
La maestra aseguró que a algunos trabajadores se les asignó una hora de descarga, a otros dos o más, sin que se informaran públicamente los criterios utilizados para determinar quiénes serían beneficiados y con cuántas horas.
“Nos dijeron: tú tienes descarga de una hora, otra maestra de dos horas y así, pero no nos dijeron cuáles fueron los criterios”, relató.
La inconformidad, explicó, surgió principalmente entre docentes que consideraron que los beneficios otorgados no correspondieron con factores como su antigüedad y trayectoria laboral.
González López afirmó que, ante esta situación, presentó desde el 22 de julio un documento ante las autorides educativas y el sindicato para solicitar una explicación sobre los procedimientos y advertir que, mientras no existan criterios claros, equitativos y transparentes, se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido respuesta de ninguna de las instancias a las que recurrió.
La docente hizo un llamado a la autorid competente para que explique cuáles fueron los criterios utilizados en los recientes procesos y establezcan públicamente las reglas que se aplicarán en futuras convocatorias.
Consideró que la falta de información genera incertidumbre entre los trabajadores y puede profundizar las desigualdades dentro del nivel medio superior.
“Mientras no sean claros, mientras no sean equitativos, mientras no sean en igualdad, no están siendo justos”, afirmó.
También cuestionó la actuación del sindicato, al considerar que la representación de los trabajadores debería atender las inconformidades y ofrecer información sobre las gestiones realizadas ante las autoridades educativas.
Para finalizar, González López llamó a la sociedad a reflexionar sobre las condiciones laborales del magisterio y sostuvo que los docentes no deberían verse obligados a recurrir a movilizaciones para conseguir que sus demandas sean escuchadas.
“¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a cerrar las carreteras?”, cuestionó, aunque aclaró que su postura es mantenerse dentro de los márgenes de la legalidad.
