Karla García/ Bitácora Sur
A siete meses de la detención de tres servidores eclesiales de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, familiares, representantes religiosos y organizaciones defensoras de derechos humanos volvieron a cuestionar la investigación en su contra y denunciaron presuntas violaciones a sus derechos humanos.
Orbey Juárez Juárez, José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez fueron detenidos el 22 de enero de 2026 en la comunidad El Estoraque, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. De acuerdo con el pronunciamiento presentado este miércoles 12 de agosto, los tres fueron interceptados por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) sin una orden de aprehensión y, según los denunciantes, fueron sometidos a golpes, humillaciones y tortura.
El documento fue leído ante medios de comunicación por el presbítero Gilberto Hernández García, párroco de San Roque, quien señaló que después de la detención las autoridades mantuvieron durante cinco días sin información a las familias sobre el paradero de los tres hombres.
Fue hasta el 27 de enero cuando sus familiares lograron ubicarlos en el Centro Estatal de Reinserción Social número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde continúan privados de la libertad. Las organizaciones calificaron este periodo sin información como una posible desaparición forzada y pidieron que el hecho sea investigado.
Fiscalía los acusa de homicidio, organizaciones cuestionan la carpeta
La Fiscalía General del Estado los acusa de homicidio calificado; sin embargo, los grupos que acompañan legalmente a los detenidos sostienen que la carpeta de investigación presenta inconsistencias desde su inicio.
Según el pronunciamiento, en una primera versión de la investigación se hizo referencia a un homicidio ocurrido en Tila y se consignaron nombres que no correspondían con los posteriormente señalados en el proceso. Después, el caso fue ubicado en Pueblo Nuevo Solistahuacán, con discrepancias adicionales en fechas y lugares.
Las organizaciones también pusieron en duda la legalidad y solidez de algunos elementos utilizados por la Fiscalía, entre ellos testimonios que consideran falsos y peritajes que, aseguran, fueron obtenidos bajo presuntas violaciones al debido proceso. Otro de los puntos cuestionados fue el levantamiento del cadáver por parte de la Policía Municipal, procedimiento que, desde su perspectiva, habría afectado la rigurosidad de la investigación.
Amparos y más de mil firmas por su libertad
Los denunciantes señalaron que la investigación complementaria de la Fiscalía fue cerrada en mayo y que, durante el proceso, se promovieron tres amparos indirectos por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los acusados.
Los recursos permanecen pendientes de resolución y, como parte de las acciones para exigir justicia, fueron entregadas más de mil 123 firmas ante un juzgado federal.
El 18 de agosto, audiencia clave
El caso tendrá un nuevo momento clave el próximo 18 de agosto, cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia ante el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas. En esta etapa se determinará cuáles datos de prueba pueden ser considerados dentro del proceso penal.
La audiencia es considerada por las organizaciones como un punto decisivo para el futuro jurídico de los tres servidores religiosos, quienes permanecen privados de la libertad desde enero.
Organizaciones exigen libertad y revisión del proceso
La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, la Provincia Franciscana San Felipe de Jesús, el Centro de Derechos Humanos La Selva Negra, familiares de los detenidos, el Grupo de Litigantes PRODEDH y la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos exigieron a las autoridades judiciales revisar las irregularidades denunciadas.
También solicitaron al Gobierno de Chiapas la libertad inmediata e incondicional de los tres hombres; a la Fiscalía General del Estado, desistir de la acción penal; y al Poder Judicial estatal, decretar el sobreseimiento del proceso.
Las organizaciones pidieron además investigar las denuncias relacionadas con presunta tortura y desaparición forzada, revisar las inconsistencias señaladas en la carpeta de investigación y evitar que la prisión preventiva se extienda de manera indebida.
Advierten sobre un posible patrón de violaciones
Finalmente, sostuvieron que el caso de Orbey Juárez Juárez, José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez no debe analizarse como un hecho aislado, sino dentro de un contexto más amplio de presuntas violaciones a derechos humanos en Chiapas.
Por ello, hicieron un llamado a organismos nacionales e internacionales y a la sociedad civil para acompañar su exigencia de justicia y libertad.
