Alfredo Pacheco
Hay una discusión en Chiapas y en México que ya no se puede seguir aplazando: ¿qué debe ocurrir cuando un adolescente comete una agresión sexual contra otra niña, niño o adolescente? Ya que la edad no puede dar impunidad
La respuesta no puede reducirse a una llamada de atención, una terapia o un acuerdo que deje a la víctima y a su familia con la sensación de que el daño nunca fue realmente reconocido.
Platiqué con la señora Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la Fundación Karla Velasco, quien plantea una posición que merece ser tomada en cuenta, se necesitan iniciativas legislativas específicas para este tipo de casos.
Es una realidad que no basta con reconocer que las niñas y los niños no deben ser tocados ni violentados; el Estado también tiene que garantizar que cuando una agresión ocurre exista una consecuencia jurídica proporcional y mecanismos capaces de impedir que vuelva a suceder.
Y aquí está el punto que debería ocupar a nuestros legisladores: no se trata simplemente de pedir castigos más severos porque sí. Se trata de revisar si el modelo actual de justicia para adolescentes está funcionando cuando se trata de delitos sexuales graves.
Velasco Nájera insiste en que las legisladoras y los legisladores deben analizar el problema y construir una iniciativa que deje un precedente. Su preocupación parte de algo elemental: si una conducta grave no recibe una respuesta adecuada, se corre el riesgo de que el agresor y su entorno interpreten que no existen consecuencias reales.
La discusión adquiere todavía mayor relevancia cuando se conocen los testimonios que ha acompañado la sociedad civil.
En ese sentido, Elena Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Granito de Arena, me narró el caso de Fátima, una niña de 12 años que fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada en 2015 en Lerma, Estado de México.
Destaca que su caso volvió a cobrar fuerza este año con una iniciativa federal denominada “Ley Fátima Quintana”, que busca tipificar el feminicidio infantil y establecer sanciones específicas. La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Elena es enfatica, Fátima no debe convertirse únicamente en el nombre de una reforma. Debe ser un recordatorio de lo que ocurre cuando las instituciones llegan tarde.
La activista relató que tuvo la oportunidad de conocer a Lorena, madre de Fátima, y escuchar de cerca su historia. Según su testimonio, la niña sufrió una violencia sexual y física extrema antes de que uno de sus agresores, menor de 18 años, terminara con su vida.
El caso es brutal precisamente porque demuestra que la edad del agresor no necesariamente disminuye la dimensión del daño provocado.
Y hay otra pregunta que resulta imposible evadir: ¿qué significa realmente reparar a una víctima?
Torres Villanueva relató también el caso de una niña de cinco años atendida por Granito de Arena, quien permaneció tres días hospitalizada después de una agresión y cuyo caso derivó, según explicó, en un procedimiento abreviado con una reparación de 11 mil pesos.
¿Once mil pesos reparan una agresión sexual contra una niña de cinco años?
Por supuesto que no.
Una reparación integral no puede reducirse a una cantidad de dinero. Tiene que contemplar atención psicológica especializada, acompañamiento a la víctima y su familia, garantías de no repetición y un proceso de justicia que reconozca la gravedad de lo ocurrido.
Precisamente por ello, la discusión sobre la justicia para adolescentes debe abandonar los extremos. No se trata de convertir a todos los menores que delinquen en adultos ante la ley ni de imponerles penas desproporcionadas. Tampoco se trata de ignorar que son personas en desarrollo y que tienen derecho a la reinserción.
Pero tampoco podemos construir un sistema que termine protegiendo más al agresor que a la víctima.
Tras platicar con las activistas, busqué a la diputada local de Movimiento Ciudadano, Andrea Negrón, quien me señaló que algo que resulta particularmente importante, las sanciones también tienen una función preventiva: inhibir futuras conductas y evitar que la violencia escale.
Y sobre la posibilidad de establecer consecuencias más severas para adolescentes que cometen delitos graves, particularmente agresiones sexuales, la postura de la legisladora emecista es clara: considera que es un asunto que debe analizarse con responsabilidad jurídica y social, porque la condición de menor de edad no puede utilizarse para justificar que conductas sumamente graves y lesivas tengan consecuencias limitadas.
Este asunto es complejo ya que endurecer las sanciones no significa abandonar la rehabilitación, en ese sentido las activistas también plantean que los adolescentes que cometen este tipo de conductas necesitan atención especializada que permita determinar si existe una posibilidad real de reinserción y, sobre todo, reducir el riesgo de reincidencia.
Honestamente creo que este tema debe ser abordado por el Congreso del Estado en el próximo periodo ordinario de sesiones, pues se han hecho reformas en pro de las infancias como lo son el castigar la cohabitación forzada, y la más reciente que le garantiza los alimentos a los menores al cerrar la pinza para que los deudores alimentarios morosos cumplan con su responsabilidad.
PERSPECTIVA
Aún no arrancan formalmente las campañas electorales, pero conforme se acerca el 2027 los aspirantes y suspirantes no se miden; el IEPC acumula 61 quejas por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y violencia política contra las mujeres en razón de género; de estas 22 expedientes ya fueron resueltos, algunos con medidas cautelares y sanciones económicas.
La cifra debería ser una llamada de atención, pues las reglas establecen tiempos y condiciones para competir, nadie debería intentar sacar ventaja de su cargo para promocionar su imagen antes de que llegue el momento; el IEPC actua con firmeza e imparcialidad, pero también con apego al debido proceso, aunque tras las impugnaciones será el Tribunal Electoral el que tendrá la última palabra sobre las resoluciones que sancionan a esos adelantados.
¡Hasta la próxima!
Senador de Chiapas se desmarca de ex funcionarios de Salud detenidos por presunta corrupción durante su gestión
-José Manuel Cruz Castellanos, conocido también como Pepe Cruz y ex secretario de Salud de la entidad chiapaneca dijo desconocer quiénes de sus antiguos colaboradores son investigados; cuatro exservidores de la dependencia fueron detenidos el pasado 27 de julio
[…]
El senador por Chiapas del partido Morena, José Manuel Cruz Castellanos, se desmarcó de los exfuncionarios de la Secretaría de Salud estatal detenidos el pasado 27 de julio por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, al afirmar que desconoce quiénes de sus antiguos colaboradores enfrentan actualmente investigaciones.
Las declaraciones del legislador se producen después de que seis exservidores públicos fueran detenidos en Chiapas como parte de dos investigaciones distintas por presuntos actos de corrupción; cuatro de ellos pertenecían a la Secretaría de Salud y dos al Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja).
En el caso de Salud, entre los detenidos se encuentra Rosario Esmeralda Coutiño Roblero, ex directora de Infraestructura en Salud durante la administración de Omar Gómez Cruz, además de Sinar Rodrigo N, ex subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales; Cleofas N, exj efe del Departamento de Servicios Generales; y Sonelli N, ex jefa del Departamento de Recursos Materiales.
Las investigaciones derivaron de denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
De acuerdo con las indagatorias, los cuatro exservidores de Salud estarían relacionados con presuntas irregularidades en procesos de contratación y ejecución de servicios, entre ellas la falta de cuadros comparativos, dictámenes económicos y técnicos, así como documentación para acreditar la realización de diversas acciones administrativas.
Coutiño Roblero fue detenida el 27 de julio en las inmediaciones de las instalaciones de Buen Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, y posteriormente fue puesta a disposición de un juez de control con sede en Cintalapa.
Cuestionado sobre estos procesos y sobre si alguno de los detenidos formó parte de su equipo cuando estuvo al frente de la Secretaría de Salud, Cruz Castellanos aseguró desconocer los detalles de las investigaciones.
“No tengo el dato de quiénes estuvimos en mi administración que estén siendo investigados, pero yo creo que les corresponde a las instancias”, respondió.
El ex secretario de Salud sostuvo que, desde su perspectiva, durante su gestión no existió una problemática mayor y consideró que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer cualquier responsabilidad relacionada con el uso de recursos públicos.
Ante la posibilidad de que su administración sea sometida a una auditoría, señaló que corresponde a los órganos fiscalizadores realizar ese tipo de procedimientos y afirmó que los recursos de la Secretaría de Salud son revisados periódicamente.
Además de las investigaciones relacionadas con Salud, el 27 de julio también fueron detenidos Luis Manuel N, quien se desempeñó como jefe del Departamento de Planeación del Icheja, y Lidia Isabel N, trabajadora del mismo instituto, por una investigación vinculada con el programa Chiapas Puede.
En ese caso, las autoridades señalaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos y documentación, mientras que durante cateos fueron aseguradas más de 2 mil 500 hojas de referencia para tarjetas bancarias que presuntamente estaban destinadas a beneficiarios del programa. La investigación continúa para determinar
Como un periodista experto y redactor, redacta una version diferente de la siguiente nota periodistica para ser publicada.
Se desentiende Pepe Cruz de exfuncionarios de Salud detenidos en Chiapas
-El senador y exsecretario de Salud de Chiapas aseguró desconocer quiénes de sus antiguos colaboradores son investigados y sostuvo que los procesos de adquisición de medicamentos han complicado la universalización de los servicios de salud.
Alfredo Pacheco
El senador por Chiapas del partido Morena, José Manuel Cruz Castellanos, se desentendió de los exfuncionarios de la Secretaría de Salud de Chiapas que recientemente fueron detenidos y que habrían formado parte de la dependencia durante su gestión como titular de la institución.
Al preguntarle sobre los antiguos colaboradores señalados por las autoridades del Estado, el legislador negó tener información sobre ello y aseguró desconocer quiénes de quienes trabajaron durante su administración enfrentan actualmente investigaciones.
“No tengo el dato de quiénes estuvimos en mi administración que estén siendo investigadas, pero yo creo que les corresponde a las instancias”, respondió.
Cruz Castellanos sostuvo que, desde su perspectiva, durante su gestión no existió una problemática mayor y consideró que corresponde a las autoridades competentes determinar cualquier responsabilidad relacionada con el manejo de los recursos públicos.
Ante la posibilidad de que su administración fuera sometida a una auditoría abierta, el senador señaló que corresponde al órgano fiscalizador realizar este tipo de procedimientos y afirmó que los recursos de la Secretaría de Salud son auditados de manera periódica.
Respecto a la universalización del Sistema de Salud en México, el exsecretario de Salud reconoció que el proceso no ha resultado sencillo debido a la transición del esquema anterior hacia un modelo en el que la población pueda acceder a los servicios de instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
Consideró que uno de los principales retos se encuentra en los procesos de adquisición de medicamentos, particularmente durante los primeros años de implementación de los cambios administrativos.
Explicó que actualmente se trabaja con las llamadas guías de prescripción médica, que establecen los medicamentos que deben utilizar los médicos para atender determinadas enfermedades y que, de acuerdo con el legislador, permiten ordenar la adquisición de insumos.
Cruz Castellanos señaló que existe una compra importante de medicamentos contemplada para los próximos dos años, la cual, dijo, contribuirá a fortalecer los servicios de salud.
Añadió que, si los médicos se apegan a las guías de prescripción y al cuadro básico establecido, se podría reducir el riesgo de desabasto.
“Si nos apegamos a esas guías de prescripción médica, creo que no va a haber mayor problema de desabastecimiento”, sostuvo.
El senador reconoció que durante los primeros años de los procesos de transformación del sistema de salud suelen presentarse dificultades relacionadas con las compras, una situación que, afirmó, también enfrentaron durante su administración.
Destaca que al ser cuestionado sobre sus posibles aspiraciones de cara a la próxima elección, Cruz Castellanos consideró que todavía es prematuro hablar del tema.
Detienen a seis exfuncionarios de Chiapas por presunta corrupción; cuatro son de Salud y dos del Icheja
-Las detenciones derivan de dos investigaciones distintas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Entre los arrestados se encuentra la exdirectora de Infraestructura en Salud, Rosario Esmeralda Coutiño Roblero
Ángel Canseco
Seis exfuncionarios estatales fueron detenidos en Chiapas como parte de dos investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con el manejo de recursos públicos y posibles irregularidades administrativas.
De acuerdo con la información disponible, cuatro de los detenidos laboraron en la Secretaría de Salud y dos más en el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja).
Las capturas forman parte de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, derivadas de denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Uno de los casos está relacionado con presuntas anomalías detectadas en el programa Chiapas Puede, donde fueron detenidos Luis Manuel N, quien se desempeñó como jefe del Departamento de Planeación del Icheja, y Lidia Isabel N, trabajadora del mismo instituto.
Según la investigación, ambos son señalados por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad, luego de que la Auditoría Superior del Estado detectara presuntas irregularidades en el manejo de recursos y documentación vinculada al programa.
Durante las diligencias, las autoridades realizaron cateos en inmuebles relacionados con la investigación, donde aseguraron más de 2 mil 500 hojas de referencia para tarjetas bancarias que presuntamente estaban destinadas a beneficiarios del programa.
La Fiscalía informó que continúa el análisis para determinar si existió un daño patrimonial y establecer el monto que habría sido afectado.
En una segunda investigación fueron detenidos cuatro exservidores públicos de la Secretaría de Salud por presuntas irregularidades en procesos de contratación y ejecución de servicios.
Entre los detenidos se encuentra Rosario Esmeralda Coutiño Roblero, exdirectora de Infraestructura en Salud durante la administración de Omar Gómez Cruz.
Coutiño Roblero también se desempeñó como directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tapachula entre 2019 y 2021, regidora en Tuxtla Chico y candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de ese municipio en las elecciones de 2024.
Junto con ella fueron detenidos Sinar Rodrigo N, exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales; Cleofas N, exjefe del Departamento de Servicios Generales; y Sonelli N, exjefa del Departamento de Recursos Materiales.
Las investigaciones señalan presuntas irregularidades como ausencia de cuadros comparativos, falta de dictámenes económicos y técnicos, carencia de evidencia documental sobre la ejecución de servicios y documentación insuficiente para comprobar diversas acciones administrativas.
Rosario Esmeralda Coutiño Roblero fue detenida la mañana del lunes 27 de julio en las inmediaciones de las instalaciones de Buen Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, y posteriormente trasladada para ser puesta a disposición de un juez de control con sede en Cintalapa.
Las seis personas enfrentarán procesos judiciales por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que las investigaciones continúan y no descartó que puedan surgir nuevos involucrados conforme avancen las indagatorias relacionadas con el presunto manejo irregular de recursos públicos.
Chiapas concentra la mayor carga de paludismo en México; San Juan Cancuc, principal foco
-Es en la comunidad El Pozo, donde se concentra 17 de los 24 casos registrados en el país; autoridades sanitarias buscan cortar la transmisión en los próximos meses
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Chiapas se mantiene como la entidad con mayor número de casos de paludismo en México, al concentrar 17 de los 24 contagios registrados a nivel nacional, principalmente en la comunidad El Pozo, municipio de San Juan Cancuc, donde las autoridades identificaron un foco autóctono de transmisión.
Miguel Valdés Galán, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Chiapas, explicó que la situación en esta comunidad llevó al despliegue de personal especializado del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria II, con el objetivo de interrumpir la transmisión.
El funcionario señaló que los 17 casos detectados en El Pozo representan la mayor concentración de paludismo activo en el país, por lo que las acciones se enfocan en identificar nuevos contagios y atender a las personas que permanecen dentro de la zona considerada de riesgo.
Como parte de la estrategia, las brigadas sanitarias realizan una búsqueda intencionada de personas con fiebre y otros síntomas compatibles con la enfermedad. A quienes son identificados se les practican pruebas de laboratorio mediante gota gruesa para confirmar o descartar la presencia del parásito que provoca el paludismo.
Cuando se confirma un caso, las autoridades establecen un cerco sanitario, proporcionan tratamiento y realizan acciones preventivas entre los habitantes de las zonas cercanas, además de mantener vigilancia epidemiológica para detectar posibles nuevos contagios.
Valdés Galán indicó que la meta es lograr que El Pozo deje de presentar transmisión activa durante los próximos tres o cuatro meses. Aclaró que eliminar el foco no significa erradicar el paludismo de Chiapas, debido a que la enfermedad ha permanecido históricamente en distintas regiones tropicales de la entidad.
Refuerzan combate al dengue
Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Salud también mantiene operativos contra el dengue, debido a que el estado atraviesa un periodo considerado de mayor riesgo para la transmisión.
Las autoridades recomendaron a la población eliminar recipientes que puedan acumular agua, mantener limpios patios y azoteas y evitar cualquier espacio que pueda convertirse en criadero del mosquito transmisor.
El director de Salud Pública informó que ya se establecieron rutas de fumigación en diferentes regiones de Chiapas. Municipios como Pichucalco y Palenque ya recibieron acciones de fumigación y abatización, mientras que las brigadas de vectores continuarán sus recorridos en los próximos días para reforzar las labores de prevención.
Con estas acciones, las autoridades buscan reducir la presencia del mosquito transmisor y contener tanto los casos de paludismo como el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores durante la actual temporada de lluvias.
Paludismo en Chiapas ha ido a la baja
Cabe destacar que, en 2023, autoridades del Instituto Mexi¬cano del Seguro Social (IMSS), reveló que Chiapas concentraba el 70 por cien¬to de los casos de Paludismo que se registran en todo el país; sin embargo, pasó de registrar 489 casos durante 2018 a tan sólo 92 durante 2022, esto gracias a las estrategias implementadas por las autoridades sanitarias.
