AGENCIA
Durante la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que preside la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, se aprobó el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa y Plácido vs. México, respondiendo al compromiso del Estado mexicano.
Dicho protocolo contempla las actuaciones ministeriales con un enfoque basado en derechos humanos y reconoce a las personas defensoras como titulares de derechos y sujetos de una protección reforzada.
En materia de feminicidio, se expuso el proyecto de decreto que presentó la titular del Ejecutivo federal, por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, el cual ya se encuentra en análisis ante la Comisión Permanente del Senado de la República; esta propuesta de ley tiene como propósito que las fiscalías y procuradurías identifiquen las acciones necesarias para su eventual implementación y fortalezcan el intercambio de experiencias y la coordinación con la Federación.
La propuesta establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia reforzada. Asimismo, contempla un tipo penal homologado, 10 razones de género, 19 agravantes y penas de 50 a 70 años de prisión, además de sanciones para la tentativa.
En lo que se refiere a propuestas legislativas, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, presentó la relativa al Código Nacional de Procedimientos Penales, orientada a agilizar y fortalecer la investigación de los delitos, sobre todo los de alto impacto, así como a reforzar las garantías en favor de las víctimas, lo que representa un paso relevante para dotar a las instituciones de mejores herramientas jurídicas y reducir la impunidad; al respecto, la propuesta fue adoptada para ser enriquecida e impulsada por las 32 fiscalías estatales.
Entre los temas abordados estuvo la desaparición de personas, considerada uno de los principales desafíos para las instituciones de procuración de justicia, debido a la necesidad de contar con capacidades especializadas y homologadas de investigación y búsqueda, coordinación interinstitucional y atención integral a víctimas y familias.
En este contexto, la FGR, impulsó una Estrategia Nacional de Fortalecimiento Institucional para las fiscalías especializadas en desaparición. En ella se expuso un diagnóstico nacional sobre las capacidades, fortalezas, necesidades y áreas de oportunidad de las fiscalías estatales, con el propósito de identificar brechas y buenas prácticas y establecer acciones coordinadas para fortalecer la investigación, búsqueda, localización, identificación y atención integral de víctimas y sus familias.
En materia de extorsión, se propuso el Manual de Operaciones de las Fiscalías o Unidades Especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito, cuyo objetivo es homologar y fortalecer la actuación institucional, mejorar la atención y protección de las víctimas e impulsar investigaciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para desarticular las estructuras criminales vinculadas con este delito, así como los planes de investigación elaborados por la FGR para la persecución de este delito.
