Alfredo Pacheco/Bitácora Sur
Ante el incremento de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Congreso de Chiapas aprobó una iniciativa para establecer este tipo de violencia como causal de nulidad de una elección cuando se acredite que tuvo un carácter generalizado y afectó los resultados de la contienda.
La propuesta fue presentada por la diputada local de Morena, Marcela Castillo Atristain, quien explicó que la iniciativa busca fortalecer las herramientas jurídicas para garantizar una mayor participación de las mujeres en la vida pública, particularmente de cara al proceso electoral de 2027.
La legisladora señaló que el proyecto plantea reformar y adicionar diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Castillo Atristain sostuvo que no basta con promover la participación política de las mujeres si no existen mecanismos jurídicos efectivos para protegerlas frente a actos de violencia durante las contiendas electorales.
“Si no las postulamos con herramientas jurídicas, la violencia política en razón de género va a incrementar”, advirtió.
Uno de los principales cambios que contempla la iniciativa consiste en reconocer la violencia política contra las mujeres en razón de género como una posible causa para anular una elección. La diputada explicó que esta medida aplicaría cuando se compruebe que la violencia ocurrió de manera generalizada durante la contienda y que tuvo impacto en los resultados entre una candidata y un candidato.
De acreditarse estos elementos, la elección tendría que repetirse mediante un proceso extraordinario. Sin embargo, la propuesta también establece restricciones para evitar que los responsables vuelvan a participar.
Castillo Atristain detalló que en una elección extraordinaria no podrían contender los partidos políticos ni las personas que hayan ejercido la violencia política de género que provocó la anulación del proceso electoral.
La diputada consideró que esta medida busca dotar de mayores “dientes” a la legislación electoral y establecer consecuencias ante conductas que vulneren los derechos políticos de las mujeres.
La iniciativa forma parte, dijo, de una estrategia integral para fortalecer una democracia libre de violencia y garantizar condiciones de mayor equidad para las mujeres que decidan participar en la vida pública.
Castillo Atristain también destacó que esta propuesta se suma a otras reformas impulsadas desde el Congreso local, como las relacionadas con los deudores alimentarios y las restricciones para impedir que personas que incumplen determinadas obligaciones puedan acceder a cargos de elección popular.
“Sí necesitamos a más mujeres participando en la vida pública, pero también necesitamos protegerlas con herramientas jurídicas”, sostuvo la legisladora.
Con esta propuesta, el Congreso de Chiapas busca que la violencia política contra las mujeres en razón de género deje de ser únicamente una conducta sancionable y pueda tener consecuencias directas sobre la validez de una elección cuando se demuestre que alteró las condiciones de la contienda y sus resultados.
