Alfredo Pacheco
La iniciativa de paridad efectiva impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar merece todo el respaldo, su propósito es loable, que más mujeres tengan posibilidades reales de acceder a las presidencias municipales y no sean relegadas a candidaturas testimoniales.
Y precisamente por su importancia, debe estudiarse con lupa, minuciosamente; el Congreso de Chiapas tiene una enorme responsabilidad, el garantizar que la paridad abra las puertas del poder a nuevos liderazgos femeninos y que no se convierta en una herramienta para que los mismos grupos políticos de siempre sigan mandando detrás de esposas, hijas, hermanas u otras familiares.
Se debe ponderar que una mujer llegue a una alcaldía por méritos propios, trayectoria, capacidad y respaldo ciudadano, y evitar a toda costa que sea utilizada como vehículo para que un cacique conserve el control del Ayuntamiento.
Cuando inició la paridad por ley, los vivales vieron que al cambiar al candidato por su esposa significaba poder seguir de esa manera en el poder, y tristemente en Chiapas ya conoce ese juego.
Las llamadas “Juanitas” demostraron que los grupos políticos pueden encontrar mecanismos para simular el cumplimiento de la paridad, muchas mujeres que llegaron a los cargos de elección popular terminaban renunciando para que sus suplentes varones asumieran el puesto o, peor aún, mujeres que conservaban formalmente el cargo mientras el poder real lo ejercía un esposo, padre, hermano u otro hombre de su círculo.
El problema no desaparece porque ahora la ley obligue a postular más mujeres en alternancia, pues el cacicazgo también puede cambiar de estrategia.
Por eso resulta pertinente revisar los antecedentes electorales de Chiapas, en distintos procesos, familiares de presidentes municipales han recurrido a los tribunales después de que autoridades electorales les negaron candidaturas por sus vínculos familiares. En algunos casos, los órganos jurisdiccionales terminaron protegiendo su derecho a ser votados y permitieron su participación.
Aquí está uno de los grandes retos jurídicos de la reforma: cerrar los vacíos que permitan que la paridad termine funcionando como una especie de mecanismo de sucesión familiar.
No se trata de impedir que una esposa, hija o hermana de un político participe en una elección. Eso sería absurdo y antidemocrático, pues la ley es clara, todas las personas tienen derechos políticos.
Lo que debe impedirse es que una candidatura se convierta en una herencia, o que una presidencia municipal pase de esposo a esposa, de padre a hija o de hermano a hermana como si se tratara de un patrimonio familiar, como ha ocurrido en muchos municipios chiapanecos que se han vuelto modernos feudos de las familias en el poder.
Platique sobre este tema con Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, y reconoció que la iniciativa tendrá que pasar por el proceso legislativo y que uno de los grandes retos será trasladar la representación que ya tienen las mujeres en el Congreso —24 diputadas frente a 16 diputados— hacia las presidencias municipales.
Más allá de cuántas mujeres serán presidentas municipales se debe garantizar que estas gobiernen de manera efectiva, una labor titanica, cuando menos
En ese sentido, la magistrada presidenta del TEECH, Magali Arellano Córdoba, me cometó que la paridad debe garantizar una participación libre de violencia y que las mujeres deben prepararse para conocer las responsabilidades que implica ejercer un cargo público.
Y ahí está la clave.
Una presidenta municipal debe ser presidenta de verdad, debe decidir, administrar, nombrar, disponer del presupuesto y ejercer sus atribuciones sin que nadie gobierne por ella.
Ya que de nada servirá el tener mujeres en las boletas si detrás de ellas continuarán los mismos hombres de siempre, la paridad efectiva debe romper los techos de cristal, pero también romper las cadenas de los cacicazgos.
Chiapas necesita más mujeres en el poder, mujeres con autonomía, capacidad y liderazgo propio, no mujeres utilizadas para conservar privilegios familiares.
El legislativo tiene ahora la oportunidad de hacer una reforma histórica y para que realmente lo sea, deberá blindarla contra cualquier intento de convertir la paridad en una triquiñuela para la perpetuación en el poder.
Por ello, el ejecutivo, el legislativo y el Judicial deberán coordinarse muy bien, al igual que el Organismo Público Local Electoral para vigilar que los partidos politicos no incurran en esas deleznables practicas de la vieja politica.
PERSPECTIVA
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tiene un desafío para las elecciones de 2027 ante el crecimiento de las redes sociales y el surgimiento de nuevos medios de comunicación digitales, ya que muchos de estos son integrados por personas que comienzan su actividad de manera empírica por lo que debe buscar fortalecer la capacitación a los medios y periodistas para evitar que estas plataformas se conviertan en espacios para reproducir violencia política de género.
