EN CHIAPAS
Luis Vallejo
Ante el registro del feminicidio número 27 en Chiapas, la colectiva 50+1, capítulo Chiapas, exigió a las autoridades una reestructuración de las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, mediante la asignación de recursos económicos para programas de prevención, capacitación permanente con perspectiva de género para los servidores públicos y mecanismos de denuncia eficaces.
Alma Rosa Cariño Pozo, presidenta de la colectiva 50+1 en Chiapas, comentó en entrevista que cada asesinato de una mujer representa una situación dolorosa e indignante, particularmente cuando el presunto responsable es una persona cercana o la pareja de la víctima.
Señaló que la problemática no puede reducirse únicamente a contabilizar el número de mujeres asesinadas, sino que debe abrir una discusión sobre la efectividad de las acciones implementadas para prevenir la violencia de género.
“Si las políticas públicas que están ahora activas no han sido evaluadas o no han dado resultados, consideramos que tienen que cambiarlas”, sostuvo.
La representante de la organización cuestionó que la sociedad civil no tenga claridad sobre la evaluación de las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género, los nuevos proyectos que se pretenden implementar y la participación que pueden tener las organizaciones sociales para contribuir a frenar esta problemática.
Cariño Pozo consideró necesario revisar las estrategias actuales y construir nuevas alternativas cuando las campañas o programas no generan los resultados esperados.
Entre las propuestas planteadas por la colectiva se encuentra llevar los mensajes de prevención hasta las comunidades más alejadas del estado, además de garantizar la operación permanente de líneas telefónicas y mecanismos que permitan denunciar situaciones de violencia.
También destacó la necesidad de que las personas encargadas de investigar los delitos y administrar justicia reciban capacitación continua y especializada en perspectiva de género.
“Mientras el feminicida vea que no es castigado, yo creo que los feminicidios seguirán adelante”, advirtió.
La presidenta de 50+1 Chiapas señaló que, aunque las autoridades han destacado avances en materia de seguridad y reducción de algunos delitos de alto impacto, una parte importante de la violencia contra las mujeres ocurre dentro de los hogares y está relacionada con la violencia familiar.
Por ello, sostuvo que la prevención debe comenzar desde los espacios cotidianos, como la familia y las escuelas, mediante acciones permanentes que permitan transformar las conductas y patrones que normalizan la violencia.
“La prevención nunca está de más; tiene que estar desde el inicio, desde la escuela y desde la casa. Tiene que ser de manera repetitiva y continua”, expresó.
Sin embargo, enfatizó que las estrategias de prevención requieren respaldo presupuestal y no solamente campañas o discursos institucionales.
La colectiva 50+1 demandó que exista un recurso económico específico para desarrollar políticas públicas verificables y eficaces, cuyos resultados puedan medirse y permitan conocer si realmente contribuyen a reducir los feminicidios y la violencia contra las mujeres en Chiapas.
Cariño Pozo insistió en que el reto para las autoridades consiste en pasar del reconocimiento del problema a la implementación de acciones concretas, evaluables y sostenidas, con la participación de la sociedad civil y con recursos suficientes para atender una de las expresiones más graves de violencia de género en la entidad.
