Alfredo Pacheco/Bitácora Sur
Francisco Laborde León denunció un presunto despojo de un predio de mil 380 metros cuadrados ubicado en el bulevar Belisario Domínguez número 740, en la colonia Arboledas de esta capital, inmueble que, afirmó, pertenece a su familia.
Durante una denuncia pública, explicó que actualmente existen dos escrituras y dos folios reales relacionados con el mismo terreno, por lo que solicitó a las autoridades esclarecer el origen de la documentación y determinar cuál de los instrumentos jurídicos tiene validez.
Laborde León sostuvo que una de las escrituras habría sido obtenida mediante documentos falsos. Explicó que el inmueble fue rentado hace aproximadamente 15 años a particulares vinculados con el negocio denominado “Villa Guadalupana”, pero señaló que los arrendatarios dejaron de cubrir la renta desde junio de 2018.
A raíz del juicio civil iniciado por el arrendamiento, relató, su familia tuvo conocimiento de documentos en los que se establece que en 2001 su abuela habría recibido un préstamo por seis millones de pesos y entregado el predio como parte de esa operación.
El denunciante rechazó que dicho préstamo haya existido y cuestionó la autenticidad de los documentos. Argumentó que su abuela falleció en 2001 y que, para ese momento, enfrentaba diversos problemas de salud, entre ellos ceguera, demencia senil y una fractura de cadera, por lo que consideró poco probable que hubiera viajado a Tapachula para suscribir la documentación.
Como parte de sus señalamientos, mencionó a las notarías públicas número 78 de Tapachula y 160 de Cintalapa, cuyos documentos estarían relacionados con las operaciones que actualmente cuestiona. También pidió investigar la actuación de personal que en su momento laboró en el Registro Público de la Propiedad, así como de funcionarios de Catastro estatal y municipal, debido a movimientos que, según su versión, permitieron registrar una segunda propiedad sobre el mismo terreno.
Entre las personas mencionadas durante su exposición estuvo Christian Ibáñez Cartas, a quien identificó como el último propietario aparente que figura en la documentación que impugna. Laborde León afirmó que dicha persona no se ha presentado dentro del proceso judicial y que tampoco ha podido ser localizada por las autoridades en los domicilios registrados.
El denunciante manifestó además sus sospechas de que algunas de las personas que aparecen en las operaciones podrían haber actuado como prestanombres, aunque aclaró que corresponde a las autoridades determinar si existe alguna responsabilidad y esclarecer la participación de cada involucrado.
Respecto al proceso legal, informó que actualmente existen una demanda civil y una denuncia penal, además de procedimientos ante la Secretaría de Protección del Buen Gobierno y la Dirección de Notarías. Precisó que la denuncia penal fue presentada desde 2023, pero hasta ahora permanece como registro de atención y no ha derivado, según dijo, en una carpeta de investigación.
Laborde León sostuvo que en 2024 obtuvo la adjudicación del inmueble mediante un juicio sucesorio y aseguró contar con escrituras y demás documentación para acreditar sus derechos sobre el predio.
No obstante, reconoció que hasta el momento no existe una sentencia que determine de manera definitiva cuál de las dos escrituras relacionadas con el inmueble es válida.
Por ello, pidió a las autoridades revisar los documentos, investigar a las personas involucradas y verificar los movimientos realizados ante los registros públicos, con el objetivo de establecer quién cuenta legalmente con los derechos sobre el terreno.
Para finalizar dijo que no ha intentado recuperar el inmueble mediante la fuerza, debido a que existe documentación que atribuye derechos sobre el mismo a otra persona y no cuenta con una orden judicial que le permita ingresar, por lo que señaló que actuar por cuenta propia podría derivar en responsabilidades legales.
