Alfredo Pacheco/Bitácora Sur
Los abogados postulantes han enfrentado históricamente condiciones de relativa desprotección en el ejercicio de su profesión, particularmente quienes se desempeñan en materia penal, donde deben asumir la representación tanto de víctimas como de personas acusadas de cometer algún delito, señaló el abogado Alberto Magaña, integrante del equipo jurídico del documental Duda Razonable de Netflix y asesor externo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
Ante el actual contexto de seguridad en Chiapas y el incremento de detenciones derivadas de las acciones contra la delincuencia, Magaña reconoció que para los abogados particulares también representa una mayor carga de trabajo, debido a que un mayor número de personas enfrenta procesos penales.
“Históricamente los abogados postulantes hemos estado relativamente desprotegidos”, afirmó.
Explicó que dentro del sistema penal existen abogados que representan los intereses de las víctimas y otros que ejercen la defensa de las personas acusadas, por lo que consideró necesario combatir el prejuicio de que un defensor necesariamente está “defendiendo a un culpable”.
Recordó que la Constitución establece que ninguna persona puede ser considerada culpable mientras no se demuestre su responsabilidad penal, por lo que corresponde a los jueces y tribunales determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados, no a los abogados defensores.
“Cuando nos ha tocado ser defensores, defendemos. Quien se encarga de juzgar es un juez, es un tribunal y a nosotros no nos corresponde”, puntualizó.
El litigante reconoció que esta labor puede convertirse en una actividad de riesgo, debido a que los abogados forman parte de procesos donde existen intereses contrapuestos y, en determinados casos, enfrentan a personas o grupos involucrados en conflictos de carácter penal.
Magaña también llamó a la ciudadanía a evitar los llamados “juicios” en redes sociales, donde una denuncia pública a través de plataformas como Facebook puede generar la percepción de que una persona ya fue declarada culpable sin que exista un proceso judicial.
Ante una conducta que pueda constituir un delito, recomendó acudir ante las fiscalías y presentar las denuncias correspondientes para que se integren las carpetas de investigación y se desarrolle un debido proceso.
Respecto al escenario actual en Chiapas, el abogado consideró que la estrategia de combate a la delincuencia también ha generado una mayor demanda de servicios jurídicos en materia penal.
“Hay más detenidos, hay más clientes. Si lo vemos desde el ámbito particular, entre más conflictos hay, de una u otra forma más trabajo hay para los abogados postulantes”, sostuvo.
No obstante, subrayó que el incremento de litigios no debe analizarse únicamente desde una perspectiva laboral para los abogados, sino dentro de un proceso institucional que requiere la participación coordinada de la Fiscalía, el Poder Judicial, las corporaciones de seguridad y la Consejería Jurídica.
En ese sentido, Magaña destacó la relación institucional que, según dijo, mantiene actualmente la Consejería Jurídica con las distintas dependencias encargadas de la procuración e impartición de justicia y la seguridad pública.
Asimismo, consideró que Chiapas atraviesa una etapa de recuperación del Estado de Derecho, particularmente frente a los problemas de inseguridad que anteriormente afectaban incluso la movilidad por las carreteras de la entidad.
Para finalizar, el abogado destacó que las detenciones deben ir acompañadas de investigaciones sólidas y procesos apegados a derecho, pues el combate a la delincuencia, dijo, no termina con una captura, sino que debe continuar hasta la resolución de cada caso por las autoridades judiciales.
