Alfredo Pacheco/Bitácora Sur
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas busca fortalecer la revisión de candidaturas para detectar a personas que tengan impedimentos legales relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias o antecedentes de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Gloria Esther Mendoza Ledesma, consejera electoral del IEPC, explicó que el organismo ha trabajado con el Poder Judicial durante los procesos electorales de 2021 y 2024 para contrastar los datos de quienes fueron postulados con los registros de deudores alimentarios morosos.
La reciente reforma que establece la presentación de una constancia sobre el cumplimiento de obligaciones alimentarias representa, dijo, un nuevo mecanismo de control, aunque su aplicación requiere ajustes en la normativa.
De acuerdo con la reforma, las personas deudoras alimentarias cuentan con un periodo de 60 días para regularizar su situación antes de ingresar al registro correspondiente. Además, el Poder Judicial dispone de 120 días naturales para armonizar sus disposiciones internas.
Ante este escenario, el IEPC analiza renovar el convenio de colaboración con el Poder Judicial para contar con una revisión adicional y no depender exclusivamente de la constancia presentada por cada aspirante.
Mendoza Ledesma señaló que esta coordinación permitiría verificar si una persona que busca una candidatura aparece en los registros correspondientes y, por tanto, tiene algún impedimento legal para ser postulada.
La consejera también planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos relacionados con la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Explicó que el IEPC puede conocer estos casos como infracciones electorales, pero las resoluciones de los organismos electorales no tienen actualmente el mismo alcance que una sentencia penal firme para suspender los derechos político-electorales.
Por ello, consideró importante que las mujeres que participan en política conozcan las diferentes vías institucionales para denunciar este tipo de conductas y sepan ante qué autoridades deben acudir según cada caso.
Recordó que durante las audiencias públicas realizadas el año pasado, como parte de la discusión sobre modificaciones al sistema electoral, los organismos públicos locales electorales propusieron ampliar los efectos de sus resoluciones firmes para que pudieran tener consecuencias sobre los derechos político-electorales.
La propuesta no fue incorporada a las modificaciones de las leyes generales, pero el tema, afirmó, permanece dentro de la agenda del IEPC.
El objetivo, sostuvo, es reforzar la revisión de los perfiles que buscan competir por cargos de elección popular y evitar que personas con impedimentos establecidos por la legislación lleguen a las boletas.
