Alfredo Pacheco / Bitácora Sur
Una disputa por el control de la Sociedad de Producción Rural Villacarriedo permanece en tribunales después de más de cuatro años de litigio. Jaime Darío Mantecón Vázquez sostiene que fue separado de la empresa mediante documentos que considera apócrifos.
El empresario afirmó que posee 50 por ciento de la sociedad ganadera familiar y aclaró que su reclamación no corresponde a una herencia, sino a su participación como socio.
Según su versión, trabajó durante alrededor de tres décadas en la empresa familiar y participó en su recuperación económica hasta consolidarla como un negocio viable.
El conflicto surgió, de acuerdo con su testimonio, cuando aparecieron dos actas de asamblea mediante las cuales habría quedado fuera de la sociedad.
Mantecón Vázquez aseguró que no reconoce esos documentos porque no llevan su firma y porque tampoco estuvo presente en las reuniones que supuestamente quedaron asentadas en las actas.
Añadió que en uno de los documentos se habría registrado un supuesto repudio de su participación societaria, hecho que niega y que forma parte de las pruebas presentadas ante las autoridades judiciales.
El empresario también señaló la intervención de un notario en la formalización de los documentos cuestionados. Precisó que el fedatario aparece dentro del procedimiento, pero recalcó que corresponderá a las autoridades determinar si existe alguna responsabilidad.
Después de varios años de litigio, una orden federal estableció la celebración de una audiencia en la que deberán comparecer las partes para continuar con el proceso.
Mantecón Vázquez dijo confiar en las autoridades judiciales y estatales y expresó su expectativa de que el caso avance conforme a derecho.
Actualmente, afirmó, permanece fuera de la operación de la empresa, mientras las personas que administran la sociedad mantienen las actividades comerciales.
El empresario sostuvo que la situación deberá resolverse dentro del proceso judicial y rechazó la intención de realizar acusaciones contra las autoridades encargadas del caso.
Su expectativa, dijo, es que la controversia llegue a una determinación judicial sobre su participación en la sociedad y la validez de los documentos que originaron el conflicto.
