Alfredo Pacheco/Bitácora Sur
A las puertas del Congreso del Estado, Guadalupe Berenice Alegría Ramírez denunció presuntas irregularidades laborales, hostigamiento y agresiones físicas que, aseguró, sufrió durante su relación laboral con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), organismo que la despidió bajo el argumento de una supuesta pérdida de confianza.
La trabajadora, quien ingresó a la institución en enero de 2020, señaló que las presuntas represalias comenzaron durante su embarazo de alto riesgo, en la administración de Horacio Culebro Borrayas. Relató que el 17 de febrero de 2025, pese a contar con incapacidad médica y una indicación de reposo absoluto, la obligaron a presentarse en Tuxtla Gutiérrez para firmar una notificación de cambio de adscripción a Tapachula.
Aseguró que en ese momento presentaba un sangrado abundante y que tanto su vida como la de su hija estaban en riesgo. Según su testimonio, permaneció encerrada alrededor de una hora. Identificó a Rosa Pérez Pérez como la persona que le comunicó la instrucción y a Julio César Esquinca como el funcionario que posteriormente le ofreció disculpas.
Alegría Ramírez afirmó que el hostigamiento continuó con el incremento de sus cargas laborales, situación que la llevó a recurrir a la Contraloría para entregar sus expedientes antes de iniciar su incapacidad por maternidad. Indicó que trabajó hasta el 27 de junio de 2025, un día antes del nacimiento de su hija.
También acusó a Bernardo, integrante del área jurídica, de solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) una investigación sobre seis incapacidades médicas y obtener copias de su expediente clínico. Según su versión, la Clínica 17 confirmó que no existían irregularidades. Añadió que la CEDH tampoco reconoció una incapacidad de cinco días que requirió por un cuadro de mastitis grave, taquicardia y fiebre de hasta 40 grados.
La trabajadora relató que el 7 de octubre, después de acudir a una reunión en la Sede de Gobierno, recibió una citación para presentarse en la Visitaduría Regional de San Cristóbal de Las Casas, donde Nayeli del Rocío, de Contraloría, e Isamar, del área de Recursos Humanos, le notificaron la terminación de su relación laboral por una supuesta pérdida de confianza.
De acuerdo con su testimonio, se negó a firmar el documento y no recibió una copia. En ese momento, aseguró, ambas funcionarias la golpearon, la empujaron contra las paredes y la tiraron al piso para quitarle su teléfono celular y la notificación.
Alegría Ramírez señaló que logró refugiarse en un baño, pero no le permitieron recuperar sus pertenencias. Identificó al visitador regional Benito Ruiz Díaz como testigo de los hechos.
Ante esta situación, indicó que acudió a la Fiscalía de la Mujer para presentar la denuncia correspondiente y solicitó las videograbaciones de las instalaciones. Afirmó que cuenta con audios, correos electrónicos y documentos que, dijo, respaldan sus acusaciones.
Asimismo, responsabilizó a Ángel Rabanales, oficial mayor de la Comisión, de acudir a distintas sedes para gestionar renuncias que calificó de arbitrarias.
La denunciante sostuvo que al menos cuatro visitadoras de San Cristóbal de Las Casas han enfrentado situaciones similares y que más de 30 trabajadores reportan presuntas irregularidades laborales. En esa sede, afirmó, seis personas fueron despedidas: cuatro mujeres y dos hombres.
Entre las anomalías que enumeró también figuran la eliminación de viáticos, el retiro del vehículo de trabajo, descuentos salariales, controles excesivos de asistencia, restricciones para tomar alimentos y revisiones de incapacidades médicas.
Ante este panorama, Alegría Ramírez pidió al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al Congreso del Estado y a las autoridades competentes realizar una auditoría a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, investigar los señalamientos, deslindar responsabilidades y garantizar la protección de las personas que denuncian estos hechos.
