Alfredo Pacheco/Bitácora Sur

La incertidumbre sobre las pensiones de quienes actualmente forman parte de la fuerza laboral representa uno de los principales desafíos para la seguridad social en México, advirtió la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, quien llamó a las autoridades a construir alternativas financieras que garanticen una jubilación digna.

La legisladora señaló que los trabajadores incorporados al régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 enfrentan condiciones distintas a las de generaciones anteriores, por lo que existe preocupación sobre los ingresos que recibirán al concluir su vida laboral.

“Laboralmente sí necesitamos que tengan una protección”, sostuvo al referirse a la necesidad de garantizar condiciones económicas adecuadas para las personas adultas mayores.

Ibarra Gallardo consideró que el Gobierno federal debe atender el problema mediante una estrategia que permita sostener las obligaciones del sistema de pensiones, particularmente ante el aumento de la esperanza de vida y las necesidades económicas de quienes llegarán a la edad de retiro.

Como ejemplo de las dificultades que enfrenta este sector, mencionó las inconformidades de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las reducciones anunciadas a sus pensiones, situación que ha motivado protestas en distintas partes del país.

Ante este panorama, planteó la necesidad de establecer mecanismos financieros que permitan cumplir los compromisos con quienes ya se jubilaron y ofrecer certidumbre a los trabajadores que esperan acceder a una pensión en los próximos años.

Pide facilitar el acceso a programas sociales

En otro tema, la diputada panista señaló que las personas adultas mayores requieren mecanismos de atención accesibles para recibir los apoyos sociales. Explicó que las dificultades para utilizar herramientas tecnológicas o trasladarse a los puntos de atención pueden complicar los trámites de algunos beneficiarios.

Por ello, consideró necesario habilitar alternativas que faciliten el acceso a los recursos y garanticen que lleguen a quienes los necesitan.

También manifestó preocupación ante el proceso electoral de 2027 y la posibilidad de que los programas sociales se utilicen con fines políticos.

Ibarra Gallardo sostuvo que recibir un apoyo gubernamental no debe convertirse en una obligación de respaldar a determinado partido o candidato, pues la ciudadanía tiene derecho a evaluar los resultados de los gobiernos y decidir libremente su voto.

La legisladora llamó a respetar la voluntad de los electores y a mantener los programas sociales al margen de la promoción partidista.

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