Karla García/Bitácora Sur
Amnistía Internacional condenó el asesinato del defensor indígena Reynaldo Pérez Pérez, ocurrido en el municipio de Chenalhó, Chiapas, y exigió a las autoridades investigar el crimen sin descartar que su trabajo en defensa de los derechos humanos haya sido el motivo de la agresión.
El activista, de origen tzotzil, fue asesinado a disparos el pasado 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum. Hasta el momento de los primeros reportes no se habían dado a conocer oficialmente las circunstancias del homicidio ni la identidad de los responsables.
A través de un pronunciamiento, Amnistía Internacional expresó su indignación por el crimen y advirtió que este caso refleja los peligros que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en contextos de violencia y desplazamiento forzado.
La organización recordó que Pérez Pérez era beneficiario, desde 2023, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México. Antes de su asesinato había enfrentado amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados.
Durante más de una década, el defensor acompañó a familias indígenas desplazadas de Santa Martha, quienes encontraron refugio en la comunidad de Polhó. También participó como mediador en conflictos agrarios y exigió condiciones de seguridad para que las personas desplazadas pudieran regresar a sus hogares.
Desde 2024 colaboraba además con mujeres y menores de edad en situación de vulnerabilidad en Pantelhó, mientras documentaba y denunciaba la violencia ejercida por grupos armados en la región de Los Altos de Chiapas.
El asesinato de Reynaldo Pérez se suma a otros crímenes contra defensores de derechos humanos en la entidad, como los del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en 2024, y del activista Simón Pedro Pérez López, asesinado en 2021.
En su pronunciamiento, Amnistía Internacional retomó cifras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que reporta 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado interno en Chiapas.
Asimismo, alertó sobre la crisis de violencia armada y control territorial de grupos criminales en la región fronteriza, donde cientos de familias han tenido que abandonar sus comunidades desde 2021.
Ante este panorama, la organización demandó que las autoridades garanticen a los familiares de Reynaldo Pérez el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.
También pidió revisar y fortalecer las medidas del Mecanismo de Protección para evitar nuevas agresiones contra personas defensoras, además de atender las causas del desplazamiento forzado y garantizar condiciones de seguridad para el retorno de las familias afectadas.
