Alfredo Pacheco
EL día de ayer en la Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se votó por unanimidad a Sofía Ruiz Olvera como nueva Consejera Electoral del Organismo Publico Local Electoral (OPLE) de Chiapas, una designación que fortalecerá al el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Durante la misma Sesión, se aprobó también las consejerías electorales para Sergio Iván Gómez López y Pablo César Sánchez Álvarez, debo precisar que la integración de los OPLE’s no es un asunto menor, ya que de su independencia, preparación y capacidad para actuar con imparcialidad dependerá buena parte de la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
De las tres designaciones, la de Ruiz Olvera merece especial atención por su trayectoria de casi dos décadas en la justicia electoral chiapaneca, donde se desempeñó como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) hasta la semana pasada.
Su llegada al IEPC representa el tránsito de una experiencia jurisdiccional a una responsabilidad administrativa y electoral que exige conocimiento de la legislación, independencia de criterio y sensibilidad frente a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
No se trata de una trayectoria ajena a los temas que hoy definen la vida democrática de Chiapas. Durante su paso por el TEECH, Ruiz Olvera participó en asuntos relacionados con la paridad de género, la violencia política y el ejercicio de los derechos de quienes ocupan cargos de representación popular.
Recuerdo bien cuando la entrevisté tras una resolución en la que el Pleno del Tribunal, a propuesta de su ponencia, acreditó violencia política contra dos regidoras y un regidor de representación proporcional del Ayuntamiento de Zinacantán, luego de que el alcalde les impidiera rendir protesta y ejercer plenamente sus funciones.
También vale la pena recuperar sus posicionamientos sobre las medidas afirmativas para las mujeres. En otra entrevista que sostuve con ella, me explicó que estas acciones deben avanzar paulatinamente hasta normalizarse, pues su propósito no es convertirse en privilegios permanentes, sino corregir desigualdades históricas en la participación política.
Incluso planteó que Chiapas debía avanzar hacia un escenario en el que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades de competir por las presidencias municipales, como durante tantos años ocurrió con los hombres.
Estos antecedentes permiten conocer parte de los asuntos que marcaron su paso por la justicia electoral y que ahora forman parte de la discusión pública sobre su incorporación al IEPC.
Sin embargo, en los últimos días también ha surgido un golpeteo mediático en su contra. Una publicación difundió una denuncia que cuestiona su actuación en determinados expedientes electorales, plantea posibles conflictos de interés y pone en duda sus evaluaciones durante el proceso de selección del INE.
Es una gran realidad que, cualquier señalamiento relacionado con la imparcialidad de una autoridad electoral merece atención y debe investigarse cuando existan elementos suficientes. La independencia judicial no significa que las resoluciones de quienes imparten justicia estén libres de escrutinio.
Sin embargo, no puede permitirse que las acusaciones sin nombre, de manera anonima se conviertan en condenas anticipadas ni que una publicación sustituya el análisis jurídico de las sentencias.
¿Por qué algunos cuestionamientos adquieren tanta fuerza precisamente cuando una persona que ha participado en decisiones jurisdiccionales llega a una nueva responsabilidad pública?, en ese sentido es inegable que cuando una mujer avanza siempre surgen comentarios que buscan enlodar su capacidad.
No puede ni debe descartarse que detrás de las campañas de descalificación existan intereses políticos afectados por resoluciones emitidas durante su paso por el Tribunal. Una sentencia electoral puede incomodar a partidos, candidatos o grupos de poder, pero el desacuerdo con una determinación judicial no constituye, por sí mismo, prueba de irregularidad.
Si existen conflictos de interés, deben acreditarse; si hubo actuaciones contrarias a la ley, deben señalarse con expedientes y argumentos; y si alguna resolución fue cuestionable, existen las vías institucionales para revisarla. Lo que no resulta aceptable es pretender desacreditar una trayectoria mediante insinuaciones sin demostrar responsabilidades.
La unanimidad con la que el INE aprobó estas designaciones tampoco debe interpretarse como una autorización para dejar de fiscalizar el desempeño de quienes asumirán las consejerías. Por el contrario, los tres nuevos integrantes tendrán que demostrar, con sus decisiones, que están a la altura de la responsabilidad que les fue conferida.
Para el IEPC comienza una nueva etapa. La experiencia de Sofía Ruiz Olvera, junto con los perfiles de Sergio Iván Gómez López y Pablo César Sánchez Álvarez, se incorporará a un órgano que tendrá frente a sí importantes retos de organización electoral, fortalecimiento institucional y garantía de los derechos políticos de las y los chiapanecos.
Al final, la legitimidad de una consejería no se construye con campañas de elogios ni se destruye con campañas de desprestigio. Se construye con decisiones imparciales, transparencia, autonomía y resultados.
El tiempo y, sobre todo, el trabajo de sus nuevos integrantes permitirán evaluar si estuvieron a la altura de la confianza depositada en ellos.
PERSPECTIVA
El INE sancionó al Partido Verde Ecologista de México en Chiapas con más de 1.3 millones de pesos, esto deriva de gastos por 870 mil pesos en espectaculares que no fueron reportados durante la intercampaña de 2024; ¿y para cuando las sanciones a los otros partidos que no han podido justificar el correcto uso de sus prerrogativas?-
¡Hasta la próxima!
