Karla García/Bitácora Sur
El reconocimiento y la regulación de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento siguen sin concretarse en Chiapas, pese a que estas organizaciones abastecen aproximadamente a la mitad de la población de la entidad.
El plazo de 180 días naturales establecido para que los congresos estatales adecuaran sus legislaciones a la nueva Ley General de Aguas venció el 9 de junio de 2026, sin que Chiapas concluyera el proceso.
Cyntia Reyes Hartmann, directora general de la asociación Cántaro Azul, señaló que, hasta el momento de la entrevista, ninguna entidad federativa había terminado la armonización de sus disposiciones locales.
En Chiapas se realizaron dos foros de consulta, uno en Tuxtla Gutiérrez y otro en Tapachula, en los que autoridades manifestaron disposición para incorporar el reconocimiento de las organizaciones comunitarias. Sin embargo, todavía existen dudas sobre los mecanismos para hacerlo efectivo.
La principal preocupación, explicó, está relacionada con la forma en que se garantizará el funcionamiento de estos sistemas, así como con la asignación de recursos para su mantenimiento y operación, particularmente en las comunidades rurales.
«Hay poca claridad de cómo se va a operar este reconocimiento, saber de qué manera va a venir el recurso, estamos hablando de todo el estado, de zonas rurales», expresó.
La Ley General de Aguas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2025, incorporó disposiciones específicas para reconocer los sistemas comunitarios de agua y saneamiento.
El artículo 40 contempla a estas organizaciones en localidades que se encuentran fuera de las áreas de operación de los servicios municipales, intermunicipales o metropolitanos, además de aquellas constituidas conforme a sus propios sistemas normativos.
Por su parte, el artículo 42 establece que los congresos estatales deberán expedir las disposiciones legales para regular su operación. De ahí la importancia de armonizar las legislaciones locales para establecer las condiciones jurídicas y administrativas de estos servicios.
Reyes Hartmann explicó que los sistemas comunitarios surgieron como una respuesta de organización colectiva ante la falta de infraestructura y cobertura de los servicios públicos en distintas localidades rurales. A través de ellos, los propios habitantes gestionan el acceso al agua y el saneamiento.
Advirtió que el reconocimiento legal será insuficiente si no se acompaña de recursos y herramientas que permitan a las comunidades mantener sus sistemas en funcionamiento.
«No nos sirve de nada que este reconocimiento esté en un papel donde nada más los reconocen y listo», sostuvo.
El decreto federal concedió a las entidades un máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la ley, para adecuar sus marcos jurídicos. El plazo concluyó el 9 de junio de 2026.
La directora de Cántaro Azul indicó que desconoce si existen sanciones por el incumplimiento de esta disposición y consideró que la armonización podría extenderse hasta 2027. Advirtió que el próximo contexto electoral podría dificultar el avance de las reformas.
Finalmente, señaló que corresponde a las autoridades estatales y federales concretar este proceso, por lo que llamó a mantener la vigilancia ciudadana sobre el cumplimiento de la nueva legislación y las condiciones que se establecerán para los sistemas comunitarios.
