[REDACCIÓN]
Los sistemas comunitarios de administración del agua deben tener reconocimiento jurídico y participación efectiva en la nueva legislación estatal, planteó la Red Defensora del Agua de Chiapas (REDACH), al llamar al Congreso local y al Gobierno del Estado a incorporar las experiencias de las comunidades en la reforma de la Ley de Aguas.
Durante un encuentro sobre gestión comunitaria y escolar del agua y saneamiento, realizado el 11 de noviembre en San Cristóbal de Las Casas, la organización expuso que cientos de localidades han desarrollado mecanismos propios para administrar sus fuentes de abastecimiento, distribuir el recurso y mantener sus sistemas de suministro.
En un pronunciamiento emitido al cumplirse dos años de trabajo colectivo, la REDACH advirtió que no será suficiente mencionar la gestión comunitaria dentro de la nueva legislación. Consideró indispensable que sus representantes intervengan directamente en la construcción de las disposiciones que regularán el acceso y la administración del agua.
La red, constituida formalmente en septiembre de 2024, reúne a gestores comunitarios que trabajan mediante comités, patronatos y asambleas. Estas estructuras tienen responsabilidades en el cuidado de manantiales y otras fuentes, la distribución del recurso, el mantenimiento de infraestructura y la resolución de problemas relacionados con el abastecimiento.
La organización destacó que durante sus primeros dos años ha promovido el intercambio de conocimientos y la colaboración entre localidades y municipios. Sin embargo, reconoció que los sistemas comunitarios todavía enfrentan obstáculos para conseguir financiamiento, garantizar la calidad del agua y atender las necesidades de saneamiento.
Subrayó que la gestión del recurso va más allá de construir tuberías o instalar infraestructura, pues requiere organización social, acuerdos colectivos, protección ambiental, administración de recursos y conocimientos técnicos para mantener en funcionamiento los sistemas.
En ese sentido, aclaró que reconocer el trabajo de las comunidades no significa trasladarles las obligaciones que corresponden a los gobiernos. Por el contrario, demandó que las autoridades respeten su autonomía y les proporcionen asistencia técnica y recursos suficientes.
Otro de los planteamientos fue fortalecer la participación de las mujeres en los espacios comunitarios donde se toman decisiones sobre el agua, así como reconocer el trabajo que realizan para garantizar el abastecimiento de sus hogares y localidades.
La REDACH también alertó sobre los efectos de la disminución de las lluvias y el cambio climático, fenómenos que pueden comprometer la producción agrícola, la alimentación y la salud de las familias, principalmente en comunidades con mayores condiciones de pobreza y marginación.
Ante este escenario, solicitó a los tres niveles de gobierno implementar medidas para enfrentar la crisis ambiental y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
Asimismo, propuso fortalecer las capacidades de las comunidades para acceder a programas de financiamiento, entre ellos el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), con el propósito de mejorar sus sistemas de abastecimiento.
La organización sostuvo que la reforma estatal representa una oportunidad para reconocer jurídicamente las formas de organización comunitaria y establecer condiciones que permitan su permanencia y fortalecimiento.
