Alfredo Pacheco / Bitácora Sur
La atención a las víctimas de desaparición y sus familias debe mejorar para evitar que tengan que recurrir a bloqueos y protestas prolongadas para exigir respuestas de las autoridades, consideró la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Maricela Ibarra Gallardo.
Tras el retiro del plantón del colectivo Madres en Resistencia, que permaneció casi dos semanas frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), la legisladora sostuvo que lo ocurrido en el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez debe representar un llamado de atención para las instituciones responsables de procurar justicia.
Durante su intervención en tribuna del Congreso del Estado, señaló que ninguna familia debería poner en riesgo su salud e integridad física para conseguir que las autoridades atiendan sus demandas o proporcionen información sobre sus casos.
Ibarra Gallardo reconoció que el bloqueo también ocasionó afectaciones a la movilidad de miles de personas que utilizan esta vialidad, particularmente quienes se trasladan desde Chiapa de Corzo y otros municipios hacia la capital chiapaneca por motivos laborales.
Advirtió que la reducción de carriles y las complicaciones para circular también pueden incrementar los riesgos de accidentes y dificultar el desplazamiento de vehículos de emergencia.
No obstante, aclaró que el problema de fondo no debe centrarse únicamente en las afectaciones viales, sino en las deficiencias institucionales que llevan a las víctimas a recurrir a medidas extremas para obtener atención.
Por ello, hizo un llamado a la Fiscalía para establecer mecanismos permanentes de interlocución con las familias y colectivos de búsqueda, mediante canales de atención directa, mesas de seguimiento y plazos concretos de respuesta.
También propuso revisar las carpetas de investigación que permanecen pendientes, informar a las víctimas sobre los avances y explicar las razones por las que algunas indagatorias no registran resultados.
La diputada consideró necesario fortalecer la coordinación entre las dependencias involucradas, a fin de evitar que las familias tengan que acudir de una institución a otra sin obtener respuestas claras.
Finalmente, insistió en que garantizar el acceso a la justicia implica atender oportunamente a las víctimas y no esperar a que sus reclamos se conviertan en conflictos que afecten a toda la población.
“La justicia no puede depender de la capacidad de resistencia de las víctimas, ni la atención institucional puede llegar solamente cuando un conflicto se vuelve insostenible”, sentenció.
