Alfredo Pacheco/Bitácora Sur
Los centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones deben contar con la autorización correspondiente de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), además de cumplir con protocolos que garanticen un tratamiento digno y el respeto a los derechos humanos de los pacientes.
Lo anterior lo comentó en entrevista Aida Guadalupe Jiménez Cesma, coordinadora de los Centros para la Prevención y Tratamiento de Adicciones (Centra) de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien advirtió que existen establecimientos donde las personas son ingresadas por la fuerza, una práctica que vulnera sus derechos y contraviene los lineamientos que deben regir la atención de las adicciones.
Explicó que uno de los principales requisitos para recibir tratamiento residencial es que el paciente ingrese de manera voluntaria, pues debe existir una decisión consciente de iniciar su proceso de recuperación.
En este sentido, destacó que los cinco centros Centra que operan en Chiapas Tonalá, Tapachula, Pichucalco, Comitán y Berriozábal, cuentan con supervisiones periódicas de la CONASAMA, instancia que revisa las condiciones de las instalaciones, el trato que reciben los usuarios, la atención de posibles quejas y el cumplimiento de los protocolos de ingreso.
Jiménez Cesma explicó que, cuando una persona busca ayuda en Centra, primero debe someterse a una valoración realizada por especialistas, quienes determinan el grado de consumo y el tratamiento adecuado. Si resulta candidata para la modalidad residencial, debe firmar un consentimiento en el que manifieste su voluntad de recibir atención.
El programa tiene una duración de tres meses e incluye atención médica y psicológica, acompañamiento de especialistas, actividades culturales y físicas, además de la participación de familiares, quienes también reciben terapia como parte del proceso de recuperación integral.
La coordinadora reconoció que muchas familias enfrentan situaciones complicadas por el consumo de sustancias de alguno de sus integrantes; sin embargo, aclaró que la desesperación de los familiares no justifica internar a una persona contra su voluntad.
Asimismo, advirtió sobre prácticas de algunos establecimientos y grupos que realizan traslados forzosos de personas con problemas de adicción, acciones que, aunque en ocasiones se presentan como una forma de ayuda, pueden representar violaciones a sus derechos humanos.
Respecto a la atención de menores de edad, indicó que, tras una reforma legal realizada el año pasado, los centros de rehabilitación tienen prohibido mantenerlos internados. Ante ello, Centra implementó un programa ambulatorio que permite a los adolescentes recibir atención psicológica y terapéutica sin abandonar su entorno familiar y escolar.
Asimismo, recomendó a las familias que antes de ingresar a un paciente a un establecimiento particular verifiquen que cuente con la autorización de la CONASAMA, que disponga de médicos, enfermeras, psicólogos y personal especializado, además de revisar personalmente las instalaciones y las condiciones en las que se brinda el servicio.
Para finalizar, enfatizó rayó que las personas que enfrentan problemas de adicción necesitan oportunidades para recuperarse, pero este proceso debe desarrollarse en espacios seguros, con atención profesional y sin vulnerar su dignidad ni su bienestar.












